Es necesario abordar el debate para la financiación de la red viaria estatal
CARRETERAS Y URBANOS / AUTOPISTAS
La Directora de la Oficina de la Estrategia de la Movilidad, Dª Ángeles Marín, ha presentado, en el acto organizado por Executive Forum, el estado de desarrollo de las herramientas de las que se ha dotado el MITMA, para hacer frente a los retos de sostenibilidad y salud pública, asociados a la política del transporte en nuestro país.
Se trata de la Estrategia de Movilidad Segura, Conectada y Sostenible, y la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
El texto articulado de la Estrategia, tras el proceso de participación pública, está previsto para el segundo o tercer trimestre de 2021; la previsión para la Ley es que se produciría su primera lectura en el Consejo de Ministros el segundo trimestre de 2021, pasando, a partir de entonces, a consulta pública con el texto articulado.
En el transcurso del acto, se le ha formulado una pregunta respecto a la financiación de la red viaria, considerando el cercano vencimiento de concesiones de autopistas; concretamente:
¿Cuál va a ser la fórmula para internalizar los costes del transporte por carretera, y para establecer un modelo alternativo para la financiación de la conservación y mantenimiento de la red viaria?
Dª Ángeles Marín ha constatado que, en el proceso de participación pública abierto para la Estrategia de Movilidad, han recibido aportaciones tanto favorables como contrarias relacionadas con el principio de quien contamina paga, identificándose la ausencia de consenso al respecto.
La consulta pública identifica la necesidad de abrir un debate para asegurar que existan los recursos adecuados para el mantenimiento de la red viaria estatal; precisando Dª Ángeles Marín que “cualquier cuestión que se aborde sobre este tema será perfectamente coordinada y dialogada con el sector del transporte profesional”.
UGT viene defendiendo la necesidad de abordar este debate desde hace años, constatando a su vez el deterioro de nuestras infraestructuras y denunciando la pérdida de empleo en las actividades y empresas de gestión de la movilidad, como son las autopistas de peaje.
