No queremos heroísmos en el trabajo, queremos trabajar con seguridad.

Las actividades productivas de los sectores sindicalmente encuadrados en FeSMC-UGT, los popularmente conocidos “de servicios”, suponen el 73% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país y aglutinan el 75,5% del empleo en el mercado laboral español.

A los profesionales del sector marítimo-portuario, o aquellos que están cobrando y reponiendo en los supermercados, trabajando en oficinas, limpiando hospitales, vigilando los centros de transporte, transportando mercancías, realizando evaluaciones de riesgos en una empresa, atendiendo llamadas en un contact center masificado, repartiendo comida en bici, o preparándola para una colectividad; trabajando abordo de un avión, de un tren o autobús.  A todos los profesionales de las distintas actividades que conforman la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) no les mueve el heroísmo. Tan solo el deseo de vivir, de trabajar. Y, sobre todo, trabajar para vivir. Con esta situación, nos encontramos este próximo 28 de abril con la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este año queremos, también con nuestros aplausos diarios, mostrar nuestro reconocimiento a todos y todas los que desempeñan su actividad en estos sectores. Personas que van a trabajar con miedo y con miedo vuelven del trabajo. Desarrollan su jornada con el deseo de no ser uno más de los miles de contagiados del COVID-19.

Prevención de riesgos: ahora y siempre

¿Y por qué ocurre esto? Porque, en los tiempos que corren, hay empresarios que no entienden que la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es un aspecto vital en la gestión de los recursos humanos, los cuales son los que, a fin de cuentas, hacen que una empresa sea productiva. Y esto está sucediendo en un contexto de crisis sanitaria y económico-laboral y en un hipotético escenario de levantamiento gradual del Estado de Alarma para la recuperación de una normalidad que se antoja dificultosa tras el doloroso zarpazo que nos está dando el COVID-19.

Son muchas las realidades que ha evidenciado esta crisis sobre las que será preciso volver. En lo que ahora toca, desde FeSMC-UGT, subrayamos el deber de la promoción de la cultura preventiva en el trabajo, inherente a la propia razón de ser de UGT. Es la ocasión idónea para que no volvamos a tropezar con los mismos errores liberales en cuanto a la regulación de la PRL.

Porque, hace ya años, unos gestores políticos decidieron que la PRL dentro de una empresa podía perfectamente ser un sector privatizado más, implementando en nuestro país un modelo desregulado, generando un círculo vicioso de “barra libre” regulatoria a nivel autonómico.

Decidieron segregar la gestión de la PRL que venían desarrollando las Mutuas de Accidentes de Trabajo (gestión también discutida y discutible, aunque no sea éste el momento), multiplicando exponencialmente las acreditaciones como Servicio de Prevención Ajenos (SPA), generando centenares de empresas más centradas en el negocio que en una efectiva labor de prevención.

Llegó a tal nivel la “barra libre” en la PRL en nuestro país, que incluso estos gestores políticos nos indicaban que “hay que procurar que el pobre empresario se ahorre costes”. Consiguieron desterrar el concepto de la gestión de la PRL decente, que abonaba correctamente su asesoramiento respecto de evaluación de riesgos, planes de evacuación, reconocimientos médicos, etc, e impusieron lo que se ha venido denominando el modelo de la PRL “quita multas”.

El resultado es una deficiente calidad del servicio prestado y peores condiciones de trabajo del personal de los SPA, por una mayor ratio de empresas y personas trabajadoras a las que debe atender un técnico/ técnica de prevención o una unidad básica de salud. La consecuencia: menor tiempo y recursos dedicados a la prevención. El resultado: situaciones de riesgo no atendidas, no evaluadas y sus consecuencias sobre la salud de las personas.

Cambios para adaptarnos a un nuevo contexto

Es urgente y necesaria una regulación legal en paralelo al levantamiento parcial del Estado de Alarma, que garantice de forma solvente que las empresas en nuestro país, todas y cada una de ellas, realicen evaluaciones de riesgos laborales conformes a la nueva realidad de nuestra sociedad con el COVID-19. Es necesario que se readecúen los espacios de trabajo y sus accesos, la medidas y medios de higiene de los trabajadores en los mismos, los aforos a los centros de consumo, que se establezcan medidas especiales de protección en función de la pertenencia de la persona trabajadora a tal o cual grupo de riesgo, etc.

Es vital para nuestra sociedad, que toda aquella empresa que no esté dispuesta a cumplir estas medidas de PRL de forma escrupulosa, no tenga autorización para reanudar su actividad.

Exigimos, de forma imperiosa, que el Gobierno desde su capacidad normativa reordene con una tutela mucho más directa la correcta labor de los SPA y, también, de los Servicios de Prevención Propios de las grandes empresas (donde los tengan interiorizados). Que se establezcan unos criterios mínimos de ratios para garantizar un servicio adecuado de los SPA, y supervisar desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) las condiciones de estos servicios, con la asignación de los recursos necesarios, exigiendo exclusivamente responsabilidades en caso de los siniestros laborales, no al técnico de prevención, que firma el informe sino al SPA y sus responsables legales.

Por último, y no menos importante, hay que reordenar y potenciar las actividades preventivas que desarrollan con cargo a cuotas las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (MCSS), ya que éstas van más allá de las obligaciones del empleador. La realidad es que las mutuas las centran muchas veces en las empresas de mayor volumen de recaudación. Debe revertirse esta situación y centrar estas actividades en las PYME, en las actividades de alta tasa de siniestralidad, y en las empresas en las que hay menor cumplimiento de la ley de prevención. Esta actividad debe homogeneizarse y no permitir su utilización como herramienta “comercial” para entidades de gestión de dinero público como son las mutuas.

Queremos hacer especial referencia al importantísimo sector productivo de nuestro país, el del turismo y su actividad auxiliar (un 15% del PIB), en el que es inexcusable un nuevo enfoque de la PRL para garantizar el empleo de todos y todas lo más pronto posible.

Y, por ende, para todas aquellas personas trabajadoras que, como indicaba al inicio, están en peligro a diario desde que salen de su domicilio y las que están incluidas en contra de su voluntad en un modelo de teletrabajo precipitado, falso y abusivo, las cuales tendrán que retornar a su centro de trabajo en las próximas semanas.