El Ministerio de Hacienda pone en riesgo el empleo en el sector transitario de nuestro país.

El Ministerio de Hacienda pone en riesgo el empleo en el sector transitario de nuestro país.

UGT alerta de los demoledores efectos que para el sector transitario puede tener la aprobación del Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en su actual redactado.

Tras leer detenidamente el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y pulsar la impresión de los trabajadores y trabajadoras del sector transitario, así como alguna empresa del mismo, desde el Sector de Transportes de FeSMC-UGT venimos a mostrar nuestra oposición hacia determinadas cuestiones contenidas en el citado Anteproyecto, las cuáles ponen en riesgo el empleo directo y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de empresas transitarias y de representantes aduaneros –cuya labor es la de un gestor ante las Aduanas, donde actúa en nombre del cliente/importador, siendo éste el obligado tributario-, así como muchos empleos indirectos vinculados a la cadena logística del transporte, al afectar al tráfico de mercancías en el sistema portuario y aeroportuario español.

Si bien es cierto que el citado Anteproyecto debiera ser el resultado de la transposición de las Directivas (UE) 2016/1164 y 2017/1852, que tienen como objeto fundamental el establecimiento de normas nacionales que eviten la elusión fiscal, las pretensiones del Ministerio de Hacienda van más allá de lo previsto en aquellos y aprovechan para modificar varias normas fiscales que afectan a la actividad de representación aduanera de las empresas transitarias en materia de importaciones.

Estas modificaciones introducen novedades sustanciales que alteran el nivel de responsabilidad exigido por la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) a las empresas respecto a las deudas tributarias de sus clientes/importadores, llegando a resultar solidaria con aquellos, así como estableciendo el deber de mantener inmovilizada durante tres años la garantía económica de despacho que se les exige por cada uno de los servicios prestados a favor de dichos clientes, resultando ambas cuestiones ajenas a las Directivas señaladas, así como pudiendo entrar en contradicción con el Código Aduanero de la Unión y sin que existan exigencias similares en países del entorno, con lo que pone en riesgo no tan sólo la propia actividad transitaria de nuestro país, sino que incluso el volumen de importaciones que entran en nuestros puertos/aeropuertos y, consecuentemente, al empleo que de él depende debido a la búsqueda de la competitividad existente en el sector del transporte.

Por todo lo anterior, UGT hace un llamamiento al Ministerio de Hacienda para que, escuchando a los agentes del sector transitario, lleve a cabo las modificaciones necesarias en su Anteproyecto que eviten que su legítima búsqueda de aseguramiento de cobro de deudas tributarias y recaudación, no conlleve la pérdida de miles de empleos, tanto del empresas transitarias, como de aquellas integradas en la cadena logística.

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